Sofía Macher Batanero

Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha destacado por su trabajo en Amnistía Internacional o en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y muy especialmente por jugar un papel trascendental en la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú, en el marco de la cual ha acabado presidiendo el Consejo de Reparaciones.

“El común denominador de todos estos años ha sido una opción por los que sufren exclusión, abusos”, afirma Sofía. “Desde el colegio me involucré en actividades de la Juventud Estudiantil Católica. Era la búsqueda de la justicia, la indignación de la pobreza”. Más tarde en la Universidad fue dejando su militancia en la Iglesia católica para enrolarse en la política: “Eran los tiempos en que queríamos cambiar el mundo”.

Pero ante el escaso avance de los movimientos políticos para transformar la sociedad, se convirtió en una gran defensora de los derechos humanos desde la organización Amnistía Internacional. Cuando comenzó la dura época de los años ochenta en Perú, Sofía Macher se volcó en la lucha por recuperar la democracia y se convirtió después, en el año 2000, en representante de la sociedad civil en la Mesa de Diálogo creada por la Organización de Estados Americanos.

En esta mesa se negoció la salida del entonces presidente, Alberto Fujimori, y la creación de un Gobierno de transición. Inmediatamente después, Sofía Macher comenzó a trabajar en la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (establecida en 2001 e inspirada en la creada en Suráfrica). “Era una exigencia de justicia por los crímenes cometidos durante la violencia política que vivió mi país. El haber logrado crear una Comisión de la Verdad durante el Gobierno de transición fue una victoria del movimiento por los derechos humanos”, añade Sofía.

Esta asesora de organismos internacionales en Washington y Canadá nos comenta que los años más intensos de su trabajo fueron su época dentro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, que englobaba a más de 70 organizaciones. “Fueron los años en que organizamos la resistencia frente a la dictadura del presidente Fujimori teniendo como única arma la ética, la defensa del Estado de Derecho y triunfamos”, comenta con orgullo. “Lo que vino después, la Comisión de la Verdad y el Consejo de Reparaciones, son consecuencia de la dura lucha de los años noventa”.

La Comisión de la Verdad realizó un gran esfuerzo para tener un conocimiento exacto y minucioso del proceso de violencia. Sus investigadores recorrieron todo Perú, tomaron miles de testimonios y se volcaron especialmente en las localidades más olvidadas y postergadas que asimismo fueron las más castigadas.

“Nuestra obligación”, reconoce el informe de la Comisión de la Verdad, “era escuchar y hacer que se escuchara a las víctimas. De ahí el empeño que pusimos en hacer audiencias públicas durante el 2002, siendo uno de los aspectos más dramáticos del trabajo” y añade: “En las audiencias públicas la ciudadanía revivió el dolor de nuestros compatriotas, quienes durante esos años no sólo sufrieron los efectos de la violencia, sino además la negación del derecho a ser escuchados y acompañados en su dolor, ya que hasta ese momento se habían enfrentado a una gran indiferencia”.

“Creo que cuando terminó el trabajo de la Comisión de la Verdad”, afirma tajantemente Sofía Macher, “nuestra sociedad era más justa, se llevó a la esfera pública lo que se hizo en secreto, aparecieron miles de víctimas invisibles, sus voces fueron escuchadas por primera vez. Fue un proceso irrepetible, y los que fueron y son enemigos de este proceso en mi país lo único que han conseguido con sus ataques es hacer más importante esta experiencia”.

Durante los dieciocho meses que duró el trabajo de la Comisión, se recogieron miles de testimonios sobre crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos desde 1980 hasta el año 2000. Dicho informe pudo evidenciar que la violencia se distribuyó en el territorio nacional de manera muy desigual y cómo se encarnizó en aquellas zonas que desde hace ya mucho tiempo sufren el atraso, la postergación y sobrellevan la carga más dura del subdesarrollo.

“Lo más difícil es poder llegar al problema principal de donde se desprenden todos los demás, no confundirte ni perder el tiempo en problemas secundarios. Lo que más me ha ayudado para superar los obstáculos y las dificultades durante este proceso es escuchar y escuchar a los demás. Darme cuenta de cómo piensan y sobre eso revisar mis propuestas”, concluye Macher.

El 28 de agosto del 2003, ante el nuevo Gobierno elegido democráticamente, las autoridades judiciales, el Defensor del Pueblo y numerosas representaciones internacionales, se daban a conocer las conclusiones, condensadas en doce tomos y siete anexos, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

En dicho acto el Presidente de la Comisión, Salomón Lerner, afirmaba con tristeza: “La historia de Perú registra más de un trance difícil, penoso, de autentica postración nacional. Pero, con seguridad, ninguno de ellos merece estar marcado tan rotundamente por el sello de la vergüenza y el deshonor como el fragmento de historia que estamos obligados a relatar en este informe”.

“El informe que le entregamos”, añadió Lerner dirigiéndose al entonces Presidente de la República, Alejandro Toledo, “encierra un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura masivos y el de la indolencia, la ineptitud y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron”.

Un día más tarde, el 29 de agosto, Sofía Macher, al igual que todos los que habían participado en la Comisión, se trasladó a Ayacucho, una de las zonas más afectadas, para realizar una ceremonia simbólica de reparación a las víctimas, cuyo número se calcula en unas 200.000. Una vez concluida esta laboriosa y ardua etapa, Sofía Macher pasó a presidir el Consejo de Reparación con la finalidad de resarcir el daño a las víctimas de la violencia política tanto a nivel material como simbólico.

Una de las funciones del Consejo de Reparación era crear el Registro Único de Victimas. “Es una tarea ardua y sin los aliados de otros sectores no lo podríamos conseguir”, afirma Sofía Macher, “por eso es de agradecer el apoyo de las Iglesias católica y evangélica, que facilitaron sus parroquias y agentes pastorales para registrar a las víctimas de la violencia”.

En estos momentos la cifra aproximada de registrados son 25.000 personas y 5.000 comunidades, pero hay que tener en cuenta que no se ha llegado a las zonas más remotas del país. “Cuando la Comisión de la Verdad fue a hacer un trabajo de campo”, declara Sofía al primer portal digital de Perú, Generaccion, “se encontró con la sorpresa de que cerca de dos mil comunidades ni siquiera aparecían en el mapa. Es como una llamada de atención, para decir a los peruanos y sobre todo a nuestros políticos que si no resuelven estas diferencias, un conflicto similar puede estallar en cualquier momento”.