Elisabeth Lira Kornfeld

Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Chile en 1971. Su trabajo educativo con organizaciones campesinas se inició durante sus estudios universitarios y, tras el golpe de Estado de Pinochet, orientó su actividad a ayudar a las víctimas ofreciendo apoyo psicológico para mitigar el dolor y favorecer su reintegración en el entorno familiar y social. Ha trabajado en prestigiosas organizaciones como el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Actualmente es directora del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado así como miembro del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Elisabeth recuerda con pasión los años setenta: “Eran tiempos de cambio social y político en Chile. Era emocionante observar cómo la mayoría de nuestros alumnos aprendía a leer, a pensar sobre el país y empezaba a reflexionar sobre su lugar en esa historia. Se discutían las ideas políticas y sus consecuencias y se podía analizar sus propias opciones políticas en un ambiente de pluralismo y respeto, a pesar de que en el país se iba construyendo un conflicto social que escalaba y se polarizaba políticamente”.

Pero rápidamente pasa a analizar su trabajo: “Encontrarse en un recinto secreto y ser torturado constituye una situación límite. Maniatado, vendado, enfrentando una amenaza radical a su integridad física y psíquica. La tortura se caracteriza por la degradación y deshumanización máxima. Por otra parte los que golpean, aplican electricidad, cuelgan, insultan y asfixian son también seres humanos. El torturador ha necesitado destruir una parte de lo humano de sí mismo para poder destruir a su semejante. Ambas partes constituían una representación dramática del conflicto social existente en esos momentos en Chile y sus resultados fueron catastróficos”, analiza Elisabeth Lira.

Reconstruye aquel fatídico 11 de septiembre de 1973 diciendo: “El golpe de Estado implicó la intervención de la Universidad Católica por un rector delegado de la Junta militar, quien determinó el cierre del Centro de Estudios Agrarios, así como el despido de numerosos académicos. La mayor parte de nuestros alumnos campesinos fueron detenidos y algunos desaparecieron. Otros estuvieron presos durante varios años, algunos fueron ejecutados o partieron al exilio”.

Esa situación definió su trabajo futuro. Se involucró en las redes solidarias que se establecieron para proteger la vida de las personas perseguidas por sus ideas y su participación política. Entre estas personas se encontraban muchos de esos campesinos. Algunos años después, a finales de 1977, empezó a trabajar como psicóloga clínica en una institución de derechos humanos, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), prestando asistencia psicológica a personas que habían sido torturadas, a familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y a familias que salían al exilio. “Se trataba de personas torturadas de todas las clases sociales, de familiares de personas que fueron ejecutadas, de personas, especialmente mujeres, que buscaban infructuosamente a sus parientes cercanos que habían sido detenidos y de quienes se había perdido su rastro”, relata.

Algunas de esas familias habían recibido amenazas, habían sido denigradas y estigmatizadas públicamente en algunos lugares, especialmente en pueblos y localidades pequeñas, y experimentaban gran impotencia ante la injusticia que se cometía con sus vidas y las de sus familiares. El miedo se había extendido ampliamente en toda la sociedad. “Gran parte de nuestros conocimientos parecían naufragar ante esas situaciones que generaban demandas muy diversas y superaban nuestros recursos. Por eso nuestro esfuerzo constante fue documentar nuestro trabajo para aprender, para lograr mejores resultados”, explica con cierta impotencia.

Trabajó en el Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), una organización no gubernamental cuyo objetivo es proporcionar atención en salud mental a aquellas personas que se vieron afectadas directamente por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura chilena (1973- 1990). Posteriormente se incorporó a la Universidad jesuita Alberto Hurtado, para investigar sobre la reconciliación política en Chile, sin dejar por completo el trabajo con equipos de psicólogos de diferentes países sobre tratamiento de víctimas.

Su trabajo principal desde entonces ha sido investigar y escribir sobre la reconciliación política en Chile desde una perspectiva histórica y política, junto con el politólogo Brian Loveman de la Universidad Estatal de San Diego. Han trabajado sobre la Historia de Chile desde la perspectiva de los conflictos políticos, incluyendo las políticas de verdad y reparación así como las políticas de impunidad como condición para la paz social, implementadas en el país desde el siglo XIX. También están analizando las actuaciones del poder judicial en relación con esos conflictos, especialmente durante y después del régimen militar.

“La participación en las redes solidarias al comienzo del régimen militar, así como la atención clínica de las víctimas fue lo más importante de mi trabajo por la paz durante algunos años”, valora Elisabeth Lira. “Proteger la vida y posibilitar la reintegración de las víctimas a sus familias y a la vida social en las mejores condiciones emocionales posibles no solamente recuperaba las personas, influía también sobre el tejido social y en las redes solidarias generando prácticas de convivencia y cooperación entre personas y grupos. Y esto es”, dice Lira, “fundamental en las relaciones de paz y en la vida democrática”.

La denuncia de académicos y científicos dentro y fuera del país tenía importancia para incidir sobre distintos sectores y detener las violaciones de derechos humanos. Por eso declaró como testigo profesional en 1979 en Nueva York, no sin miedo en aquel momento a las eventuales consecuencias represivas que se pudieran llevar a cabo.

Se siente orgullosa de haber participado en distintas instancias públicas que han contribuido a la paz en Chile. “Participé como testigo profesional en la acusación constitucional contra Augusto Pinochet en la Cámara de Diputados de Chile. La acusación fue rechazada finalmente, pero los testigos que declaramos dejamos constancia de las consecuencias de la dictadura, entre ellas del miedo que había asolado la convivencia nacional”.

Elisabeth Lira participó en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entre 2003 y 2005 para identificar a las víctimas sobrevivientes de la tortura y asegurar formas de resarcimiento por parte del Estado. Se recibieron más de 36.000 denuncias y fueron calificadas cerca de 28.000 personas como víctimas efectivas de la política represiva del régimen militar. Dice que le da fuerza el mantener la esperanza de “que podemos contribuir al cambio de la situación, constatar que las familias y personas atendidas encontraban formas para vivir mejor a pesar de sus circunstancias”.

Considera su mayor logro “la investigación sobre la reconciliación política en Chile. La reconciliación que se proponía se fundaba en que las víctimas renegaran de la experiencia de haber sufrido violencia y abuso (y la olvidaran) y que muchos renegaran de sus ideas y proyectos sociales y políticos como si la paz social fuera el resultado del silencio de todas las víctimas y de todos los que de una u otra manera se identificaran con ellas”. Pero para Elisabeth Lira así no se podía funcionar, “como si no hubiera existido el dolor de miles, especialmente porque para muchos esas experiencias fueron traumáticas y por ello, imborrables. Si las víctimas reclamaban sus derechos, a juicio de diversos sectores, amenazaban la paz social. Si las víctimas reclamaban justicia, amenazaban la estabilidad y el cambio político alcanzado. ¿Cómo entender la propuesta de reconciliación política después de la represión y la muerte?”, se preguntaba en esos momentos.

Sueña que “los seres humanos podamos vivir en paz, sin guerras y sin miseria. Con un creciente sentido de dignidad personal en todos los rincones del planeta. El sentido de la propia dignidad y el reconocimiento de la dignidad del otro es la condición más importante de la convivencia en paz en las familias y en la sociedad”.