Dorothy Stang

Dorothy Stang, nacionalizada brasileña, ingresó en 1966 en la congregación Nuestra Señora de Namur y posteriormente fue de misionera a la Amazonía, donde defendió las causas ambientales y de los trabajadores sin tierra. Por su compromiso con los más pobres, fue declarada “Ciudadana Honorable de Pará” por la Asamblea Legislativa del Estado. Recibió el Premio de Derechos Humanos, concedido por la Ordem dos Advogados do Brasil (Colegio de Abogados de Brasil). El 12 de febrero de 2005 fue asesinada tras recibir seis balazos a quemarropa. En esos momentos se dirigía a una reunión del Proyecto de Desarrollo Sostenible Esperanza, uno de sus sueños.

Dorothy nació en Dayton, en el Estado de Ohio en Estados Unidos, en el periodo de la Gran Depresión, por lo que su infancia no fue fácil en un país afectado por el desempleo y la tensión social y con la sombra de la guerra. En 1948 entró en la congregación de las religiosas de Notre Dame e hizo sus votos en 1956.

Cuando llegó a Brasil, en 1966 se estableció en Anapú, una pequeña localidad del Estado de Pará, al norte de Brasil. Desde entonces su actividad fue muy intensa. Fundó 22 escuelas y un centro de formación de profesores. Y con el tiempo fue pasando de ser promotora de educación a defensora del Amazonas y de la reforma agraria. Dorothy era una mujer alegre, apasionada por su trabajo, contagiaba con su compromiso a los que trabajaban cerca de ella. Ella solía decir: “Nosotras, como hermanas de Notre Dame, nos dedicamos a los pobres en los lugares más remotos y abandonados. Viviendo, comiendo, compartiendo el día a día nuestra misión con nuestra gente, nos sentimos impulsadas para hacer todo lo que podamos para ayudar a que la situación cambie”. Su fe religiosa no le impedía aceptar otras religiones: “En el medio de toda esta violencia, hay muchas comunidades pequeñas que han aprendido el secreto de la vida —solidaridad, confianza, igualdad, el perdón, trabajar juntos, compartir—. No importa cuáles son sus creencias religiosas, siempre que tengan valores humanos que los guíen”.

Su mayor ambición era el Proyecto Desarrollo Sustentable “La Esperanza”, que defiende repartir 130.000 hectáreas de tierra entre 600 familias campesinas. Esta intención chocaba directamente con los intereses de los terratenientes y grandes hacendados que explotan ilegalmente los recursos forestales de la Amazonía, sobre todo los árboles exóticos y en peligro de extinción como la caoba, el cedro y el jatobá, que se pagan a muy buen precio en el mercado negro. Dorothy tuvo que aprender a convivir con las constantes amenazas de muerte, al igual que varios de sus colaboradores. En 2004 se registraron 10 denuncias ante la justicia del Estado de Pará por amenazas de muerte contra ella. Sin embargo el Gobierno de Pará no tomó ninguna medida para garantizar la seguridad de la religiosa. Esta región es uno los lugares de Brasil donde se registra el mayor número de conflictos a causa de la tierra y por cuestiones ambientales. Además en muchas haciendas todavía tienen trabajadores en situación de esclavitud. Pará es considerada uno de los lugares más violentos del país.

Ella no se dejaba atemorizar por las amenazas y llevaba una camiseta que decía: “La muerte del bosque es el fin de nuestra vida”. Un 20% de selva virgen se ha destruído en las últimas dos décadas. En agosto de 2004, 2.500 acres en la zona de Anapú donde vivía Dorothy fueron cortados y quemados. Esto llevó a Dorothy a viajar a Brasilia para testificar ante una Comisión de Investigación creada en Congreso para investigar la destrucción del Amazonas. Su fe religiosa la ayudaba a proseguir la lucha, pero ella reconocía las grandes dificultades que enfrentaba: “He aprendido tres cosas que son muy difíciles: ser tomada en serio como mujer en la lucha por la reforma agraria; creer en este pequeño grupo de campesinos y en su capacidad para organizarse y seguir adelante con su propia agenda; y tener el coraje de dar tu vida en la lucha por el cambio”.

El asesinato de Dorothy Stang ocurrió el sábado 12 de febrero de 2005, a las 9 de la mañana, mientras ella se dirigía con dos trabajadores a una reunión del Proyecto de Desarrollo Sustentable “La Esperanza”. Dos pistoleros le dispararon seis balazos a quemarropa segándole la vida. Una ola de indignación y rechazo invadió Brasil. Aunque ella había dicho muchas veces que la podían matar, nadie podía aceptar que esto ocurriera. La muerte de Dorothy Stang se sumó a los más de 772 campesinos que han sido asesinados en los últimos 30 años por los conflictos de la tierra en el Estado de Pará. De ellos, sólo nueve casos han sido llevados a juicio y ninguno de los que ordenan los asesinatos ha sido jamás condenado. La impunidad es total.

Ella no quiso nunca marcharse y su cuerpo se enterró allí. “No quiero marcharme, no quiero abandonar la lucha de estos campesinos que viven sin ninguna protección en la selva. Ellos tiene el derecho sacrosanto de aspirar a una vida mejor en la tierra en la que viven y en la que trabajan con dignidad y respetando el medio ambiente”.

Tras su muerte, el Foro Nacional por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo denunció cómo las acciones del Gobierno Federal en el Estado de Pará “han sido retóricas y sin firmeza, cediendo ante los grupos de presión” y añadían de forma dura y contundente: “Desde la masacre de Eldorado de Carajás (donde 19 campesinos del Movimiento sin Tierra fueron asesinados por policías) hasta el asesinato de sor Dorothy, la política del Gobierno del Estado de Pará ha sido la defensa de los intereses de los grileiros, madereros y latifundistas”.

Desde entonces, la labor de Dorothy Stang continúa y las reivindicaciones de los pueblos del Amazonas están más que nunca en la agenda internacional. En 2009 el Foro Social Mundial que se celebró en Belem (Estado de Pará), dedicó una jornada entera a la Amazonía y a los pueblos que la habitan. El derecho de los campesinos a la tierra y la conservación del Amazonas se convirtieron en dos de las reivindicaciones más relevantes de este Foro. En 2008 Naciones Unidas otorgó a Dorothy Stang el premio de Derechos Humanos a título póstumo, que se otorga cada cinco años a aquellas personas que han jugado un papel relevante en la defensa de los derechos humanos.